Un litigio relativamente poco conocido entre el cabildo metropolitano y el Arzobispado de Santiago, durante la segunda mitad del siglo XIX, entrega un interesante testimonio sobre la historia urbana del período. este largo conflicto nos permite entender mejor la situación de la Iglesia en el contexto social y político del Chile del siglo XIX. nos ayuda también a comprender la forma que hoy asume la manzana poniente de la plaza de armas, una de las de mayor significación patrimonial de la ciudad de Santiago.
Antecedentes del conflicto
Entre los años 1839 y 1894 se desarrolló una pugna legal entre el Arzobispado de Santiago y el cabildo metropolitano, órgano ejecutivo eclesiástico encargado del cuidado y gobierno de la catedral, por la propiedad y derechos sobre el palacio episcopal. Tal conflicto incluyó también una disputa por la definición de los deslindes entre el palacio y las dependencias pertenecientes a la fábrica de la Catedral, incluyendo la actual parroquia El Sagrario.
Estudiar este litigio contribuye a ampliar el conocimiento sobre la Iglesia chilena en un período crucial para la República y la instalación de la idea del Estado-nación. Por otra parte, permite aproximarse a la realidad de la Iglesia del momento, a las complejidades de su constitución interna y a sus relaciones con el Estado. Los efectos de dicho conflicto pueden observarse en la ciudad actual y en los edificios que componen el conjunto eclesiástico de la Plaza de Armas. Otro aspecto relevante de este episodio tiene que ver con los mecanismos y dinámicas para la resolución de los conflictos tanto al interior de la Iglesia como en el sistema jurídico imperante. Ello resulta particularmente interesante en un contexto histórico especialmente crítico para las relaciones entre Iglesia y Estado, en un régimen jurídico que sometía conflictos intra- eclesiásticos a los tribunales civiles.
El litigio referido obligó a un detallado análisis de la evolución predial y morfológica de las propiedades del área en disputa. A causa de ello, su desarrollo contribuyó no solo a la comprensión de los argumentos en pugna, sino al mejor conocimiento de la evolución predial y morfológica de esta manzana fundacional de Santiago.
«Tras la Independencia se produjo un incremento del valor comercial de las tiendas del palacio y en 1828 los herederos solicitaron al cabildo la devolución de la propiedad. Ante la negativa de la Iglesia a dicha petición, ésta fue demandada y en 1835 los tribunales civiles fallaron en su contra».
Origen y evolución del litigio
El Memorial (reservado) de la comisión nombrada por el V. Cabildo Metropolitano de Santiago de Chile para estudiar las cuestiones pendientes entre el I. S. Arzobispo y la Iglesia sobre el Palacio Arzobispal, publicado en 1892, contiene los antecedentes que, a juicio del cabildo, son necesarios para resolver el antiguo litigio entre el cabildo metropolitano y el arzobispado por la propiedad sobre el palacio arzobispal. El documento incluye un valioso plano de levantamiento de los edificios eclesiásticos de la manzana poniente de la Plaza de Armas (en la imagen), el que constituye una fuente fundamental para un entendimiento detallado del presente conflicto.
Aún cuando sus orígenes se remontan a la fundación de la ciudad, el litigio se inició formalmente en 1841. Sus antecedentes directos pueden situarse en la compra del palacio episcopal por parte del obispo Francisco González Salcedo a fin de reconstruirla o repararla con sus fondos personales: «…y dispuso de él un patronato a favor de sus parientes, gravado con obras pías a favor de esta Catedral»[1]. El terremoto de 1647 destruyó estas edificaciones. Ellas fueron reconstruidas por fray Gaspar de Villarroel, a costa de la Iglesia.
Tras la muerte de Salcedo[2], el palacio siguió siendo utilizado por los obispos de Santiago aunque su uso como habitación fue excepcional . En la práctica, los obispos que sucedieron a Salcedo arrendaron la parte del palacio destinada a habitación y los almacenes y tiendas del recinto. De hecho, el valor comercial concentrado principalmente en el primer piso fue uno de los elementos clave tras el conflicto. Legalmente la propiedad permaneció en poder de los herederos de Salcedo, que residían en Argentina, durante alrededor de doscientos años, sin que ellos percibieran rentas o hicieran uso de ella.
Tras la Independencia se produjo un incremento del valor comercial de las tiendas del palacio y en 1828 los herederos solicitaron al cabildo la devolución de la propiedad. Ante la negativa de la Iglesia a dicha petición, ésta fue demandada y en 1835 los tribunales civiles fallaron en su contra. La Iglesia solicitó entonces la nulidad de la compra del solar ocurrida doscientos años antes. En 1839, los tribunales civiles declararon nula aquella compra argumentando, entre otras razones, que un obispo no podía comprar lo que pertenecía a su Iglesia. Con este fallo la propiedad volvió a manos de la Iglesia, previo pago de una indemnización a los familiares de Salcedo. Dos años más tarde, en 1841, se hizo la posesión efectiva del palacio por parte del cabildo metropolitano. Ese mismo año, el obispo Manuel Vicuña – más tarde primer arzobispo de Santiago– se negó a pagar el arriendo que, por habitar el palacio, el cabildo pretendía cobrarle. Se originó así un nuevo litigio, esta vez, al interior de la Iglesia.
A la muerte del arzobispo Vicuña el conflicto aún no se había resuelto. El cabildo decidió demoler el edificio por encontrarse en un deplorable estado. Con préstamos del Gobierno y ganancias derivadas del arriendo de las tiendas, procedió a su reedificación, iniciada por calle Compañía, con el fin de poder arrendar los locales comerciales ubicados en ese costado y posteriormente en el frente de la Plaza de Armas[3].
Entre 1841 y 1860 el conflicto se manifestó en un dinámico intercambio de correspondencia entre las autoridades eclesiásticas. El año 1847 había asumido como arzobispo de Santiago Rafael Valentín Valdivieso (1847-1878). Estando en Roma, solicitó en forma personal al papa Pío IX ayuda para resolver el litigio[4].
Frente a esta solicitud, la Santa Sede instó a los obispos de Ancud, La Serena y Concepción, o a sus representantes, a participar de la resolución del conflicto. En ese proceso, cada una de las partes, es decir, el arzobispado y el cabildo metropolitano, presentaron sus respectivos antecedentes. En 1866 se dictó una sentencia a favor de la Iglesia arzobispal, según la cual los obispos tendrían el derecho de habitar el palacio eximidos del pago de arriendo y, a su vez, obtener las ganancias del arriendo de las tiendas. Esta sentencia fue rechazada por los canónigos integrantes del cabildo, quienes consiguieron que fuese anulada en 1871. Por esos mismos años se activan las obras de remodelación del palacio, aparentemente de acuerdo a un antiguo proyecto del arquitecto de gobierno Brunet de Baines, mediando la intervención de otros arquitectos, que lo dejan en el estado que lo conocemos hoy.
Tras estos acontecimientos, la Santa Sede solicitó a ambas partes la preparación de un informe con los antecedentes que argumentaran su calidad de propietario del edificio en cuestión. Mientras el cabildo envía los suyos en 1875, el arzobispo Valdivieso no expidió el correspondiente al arzobispado sino siete años después. La demora obedeció, entre otros factores, a los difíciles tiempos que atravesaba el gobierno episcopal, enfrentando conflictos muy serios con las autoridades civiles. Valdivieso murió en 1878 sin lograr resolver el conflicto[5].
Aparentemente, el cabildo tomó distancia del asunto, por un tiempo, a la llegada del nuevo arzobispo Mariano Casanova, tras nueve años de vacancia de la sede. Pese al interés por resguardar la imagen de la Iglesia y proteger el inicio del nuevo gobierno episcopal, el asunto resurgió a raíz de las nuevas construcciones realizadas en la manzana. Fue en ese momento cuando el cabildo nominó a dos capitulares para que estudiaran las cuestiones referentes a la propiedad del palacio. El resultado del trabajo de la comisión nombrada por el cabildo metropolitano se publicó en 1892 en el ya mencionado texto del Memorial.
En 1892, el arzobispo Casanova decidió acudir en forma personal al Papa solicitándole dirimir tan complejo pleito «de modo definitivo e inapelable», con el fin de resguardar la paz al interior de la institución y de velar por su imagen[6]. A los pocos meses de recibida dicha petición, llegaba a Chile un delegado apostólico desde Lima con el encargo de resolver el conflicto. La visita del delegado pudo agilizar la referida resolución. A fines de ese año, el arzobispo Casanova y el cabildo metropolitano acordaron poner fin a la litis pendiente mediante una transacción que establecía que la propiedad del palacio arzobispal se adjudicaba a la fábrica de la Iglesia, esto es, al cabildo metropolitano, estableciendo ciertas limitaciones de derecho y uso en favor del arzobispo. Se definieron también los deslindes entre el palacio y demás pertenencias de la Iglesia, acordando diversos aspectos sobre su administración.
A partir de 1895, el cabildo pasó a ser el propietario del palacio. Sin embargo, su dominio sobre esta propiedad no se extendió por mucho tiempo. En 1929 decidió vender al arzobispado la propiedad. El artífice de esta transacción fue el arzobispo Crescente Errázuriz, el mismo que acuerda con el Gobierno la separación de Iglesia y Estado reconocida en la constitución de 1925. Las razones argüidas para promover dicha transacción fueron las dificultades del cabildo para mantener debidamente la propiedad y realizar las transformaciones que requería para cumplir adecuadamente sus funciones. El monto recibido por el cabildo a raíz de la transacción fue invertido en un nuevo edificio de renta construido junto a la catedral en calle Bandera.
«Algunas anomalías formales que pueden detectarse en esta fachada, como la asimetría en la fachada de la parroquia de El Sagrario, pueden explicarse por los conflictos en torno al límite entre este y el palacio arzobispal. Si el último módulo hubiese sido utilizado por El Sagrario, dicha fachada habría resultado simétrica».
Alcances urbanos
El conflicto que se ha descrito puede relacionarse, en primer lugar, con la evolución de la ciudad de Santiago durante el siglo XIX. El plano que acompaña al Memorial, además de constituir un testimonio del estado de la manzana a fines del siglo XIX, permite comprender un proceso de densificación urbana que lleva a un límite las posibilidades de construir en uno o dos pisos, como había sido la práctica hasta entonces. En parte, el conflicto tiene que ver con el acceso a edificaciones interiores, como la casa de la familia del obispo, que carecen de frente a la calle. Algunas décadas más tarde la ciudad mutará sus formas de densificación, introduciendo nuevos tipos edificatorios. El así llamado edificio de los canónigos, en calle Bandera, constituye una buena muestra de ello.
Un segundo nivel de vinculación entre el conflicto y la realidad urbana del área tiene que ver con la forma que asume la fachada de la manzana poniente de la Plaza de Armas. A pesar del conflicto y a lo largo de todo el siglo XIX se va constituyendo una fachada que, aunque recibió la intervención de diversos arquitectos, exhibe una gran coherencia formal. Ello puede ser la consecuencia de la intención de producir una fachada unitaria que puede haberse remontado al encargo hecho a Toesca a fines de siglo XVIII. Por otra parte, algunas anomalías formales que pueden detectarse en esta fachada, como la curiosa asimetría en la fachada de la parroquia El Sagrario, pueden explicarse como resultado de las dificultades en la determinación del límite entre este y el palacio arzobispal. Si el último módulo del palacio hacia el norte, situado sobre el antiguo callejón de ingreso en disputa, hubiese sido utilizado por El Sagrario, dicha fachada habría resultado simétrica.
En cuanto a los aspectos institucionales, hay que subrayar algunas complejidades de la institución eclesiástica como, por ejemplo, en el grado de autonomía del cabildo catedralicio. A pesar de la enorme tensión que el conflicto alcanzó, patente en el hecho de que el arzobispo Casanova pensó en renunciar a su cargo, la Iglesia encontró manera de dar curso a diversos procedimientos de resolución del conflictos ya fuese a través de las instancias legales vigentes de mediación directa. Ello contrasta, por ejemplo, con algunos de los conflictos entre órdenes a comienzos de la Colonia que tomaron cursos mucho más violentos.
En lo que toca a las relaciones entre Iglesia y Estado, es un hecho conocido que ellas atravesaron por momentos difíciles en el último cuarto del siglo XIX. Por ello es que este conflicto interno hizo las cosas más difíciles para la imagen pública de la Iglesia. Dada la unidad institucional de Iglesia y Estado heredada de la Colonia, muchas de las instancias de este conflicto tuvieron que resolverse en tribunales civiles, los que incluso intentaron evitar pronunciarse sobre un conflicto interno de gran complejidad.
En síntesis, el conflicto referido habla de una expresión territorial de la Iglesia, de las complejidades institucionales internas y del modo como su misión y su historia están inextricablemente unidas a los avatares y al destino de la ciudad en que su misión tiene lugar.
[1] Memorial (reservado) de la comisión nombrada por el V. Cabildo Metropolitano de Santiago de Chile para estudiar las cuestiones pendientes entre el I.S. Arzobispo y la Iglesia sobre el Palacio Arzobispal, Santiago, 1892, p. 102.
[2] Según Carlos Oviedo Cavada, Francisco Salcedo falleció el año 1634. Ver Cavada, C, Los obispos de Chile, Santiago, 1996, p.205. Esta fecha no coincidiría con la compra y construcción de los terrenos del palacio por Salcedo que, según el Memorial, se realiza en 1635. Ver Memorial, p.102.
[3] Archivo del Arzobispado de Santiago (AA), Fondo Gobierno, legajo 28b, num. 53, 24 de julio, 1841.
[4] Resulta importante este contacto directo con el Papa, pues Rafael Valentín Valdivieso habría sido «el primer obispo chileno en hacer visita Ad limina en forma personal en la Santa Sede…». Ver Sánchez, Marcial (Director), Historia de la Iglesia en Chile. Los nuevos caminos: la Iglesia y el Estado, Santiago, 2011, tomo III, p.44.
[5] Memorial, p. 223.
[6] De hecho el arzobispo Casanova llegó a plantear la posibilidad de dimitir, dada su incapacidad de lograr en este asunto un acuerdo entre las partes y consecuentemente una paz al interior de la iglesia.