Rerum novarum marcó la discusión sobre el salario más allá del mundo católico durante los conflictos sociales de comienzo de siglo XX. En este proyecto¹ comparamos la dispar recepción que tuvo en Australia, un país mayoritariamente protestante, y Chile a comienzos del siglo XX. Este contraste permite iluminar la relevancia de la doctrina social en las discusiones actuales en torno al salario justo.

El conflicto distributivo

El 8 de noviembre de 1907, el juez Henry B. Higgins, presidente de la Corte de Arbitraje y Conciliación de la Commonwealth de Australia, dictó un fallo que repercutiría en el desarrollo posterior de la seguridad social australiana. Eligiendo entre las múltiples y crecientes solicitudes de conciliación industrial, la sentencia del Harvester Case² falló contra el empleador, un fabricante de maquinaria agrícola. En el marco legal de ese entonces, el empleador quiso acogerse a una rebaja de impuestos por considerar que pagaba salarios razonables y justos. Higgins determinó que no era el caso.

Detrás de la sentencia se esconde una inspiración más profunda. Rerum novarum, la encíclica de León XIII (1891), que no está citada formalmente, pero que Higgins conocía bien y es reconocida en el lenguaje en que quedó impregnada la sentencia.

Era un fallo a contrapelo de su tiempo. En medio de un conflicto social a gran escala, la misma corte había sido instituida en 1904 como forma de remediar la labor question, el equivalente a nuestra “cuestión social”. Durante los alegatos, el juez recabó información para sentenciar que las empresas debían pagar un sueldo vital para un trabajador no calificado y con incrementos para trabajadores calificados. Argumentando en contra de las teorías económicas de la época, estableció que el salario no podía depender de la productividad del trabajo ni tampoco someterse a la ley de oferta y demanda. Higgins ofreció una lectura más amplia de las necesidades humanas. Para él, la existencia de la corte y su exigencia de un salario justo y razonable implicaba que no se podía dejar la remuneración simplemente al mercado y el contrato individual. “El estándar de ‘justo y razonable’ tiene que ser algo distinto, y no creo en ningún otro estándar apropiado que las necesidades normales de un empleado promedio considerado como un ser humano viviendo en una comunidad civilizada”. Esas necesidades incluían el costo de vida y la familia; en el cálculo, Higgins pensó en una mujer y tres hijos, y lo suficiente para llevar una vida de “confort frugal”.

Detrás de la sentencia se esconde una inspiración más profunda. En una parte más explícita, el salario vital de Higgins expresa una idea medieval inglesa de origen católico sobre salarios mínimos y máximos, y el deber de la comunidad de hacerse cargo de la pobreza; y otra parte más implícita refiere a Rerum novarum, la encíclica de León XIII (1891)³, que no está citada formalmente, pero que Higgins conocía bien y es reconocida en el lenguaje en que quedó impregnada la sentencia.

La institucionalización de principios católicos

Esta viñeta introductoria invita a preguntarse cómo una minoría significativa de católicos (25%) logró articular la idea del salario vital como un modo de enfrentar el conflicto social en un país protestante. La actuación de la prensa y de jueces católicos fue decisiva para traducir principios contenidos en la tradición católica en una herramienta institucional —incluso planteada como derecho natural—. De hecho, tuvo que sortear la oposición de empleadores y sindicatos que entendían el salario en función del rendimiento económico. Higgins, de tendencias liberales seculares, interpretaba la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) como parte del progreso y civilización humana. Otra pregunta es cómo un fallo tan particular pudo afianzar un sistema de seguridad social que se ancló en el salario vital. Con el tiempo, empleadores y trabajadores aceptaron esta herramienta, porque les permitía orientar mejor su acción colectiva, fomentando la coordinación entre empleadores y entre trabajadores por medio de organizaciones gremiales y sindicatos⁴.

Tradición católica y problemas modernos

La pregunta más interesante, sin embargo, es cómo las sociedades buscan, en sus reservas de sentido y tradiciones particulares, herramientas para guiar la resolución de problemas emergentes. La sentencia de Higgins da motivos sustantivos, morales antes que técnicos, para lidiar con el conflicto social. El salario le permitía vincular una lectura amplia de necesidades humanas —incluyendo la crianza, el ahorro y el ocio— con el conflicto económico.

Detrás del salario se manifiesta una valoración cultural del trabajo. Siguiendo a Max Weber, usualmente la Reforma protestante aparece como un quiebre de la tradición católica del trabajo. Ahí donde el catolicismo entendía el trabajo como una necesidad y el protestantismo como una vocación, uno asociado a la pobreza y el otro a su superación, el salario traduce un anhelo de autonomía. De ese modo, al utilizar el lenguaje de León XIII, Higgins toma distancia del trabajo como un fin en sí mismo. Como los católicos de la época, rescata la importancia del trabajo, pero entiende que no es suficiente para llevar una buena vida⁵. En una idea que resuena en los debates contemporáneos sobre ingreso mínimo y salarios éticos, el salario vital traduce una vieja idea cristiana para mediar un conflicto moderno y asume que el trabajo es solo una vocación entre varias.

La recepción en Chile

Uno podría preguntarse por qué ese lenguaje con un énfasis en el salario no tuvo la misma repercusión en Chile, un país mayoritariamente católico a principios de siglo XX. Casi cinco meses después de publicarse Rerum novarum, el arzobispo de Santiago, Mariano Casanova, publica su comentario pastoral en El Porvenir. Junto con llamar a obreros y sacerdotes a divulgar la encíclica, el grueso de su mensaje se dirigía al ámbito de acción del Estado. Propone su intervención para limitar la codicia, “haciendo obligatoria la ley del descanso dominical”, fomentar la religión y el florecimiento de las buenas costumbres y, finalmente, llama a la conciliación entre patrones y obreros. Su alocución está teñida por el temor al socialismo; recomienda soluciones concretas a los graves problemas sociales, como la vivienda obrera. En efecto, un año después, bajo el auspicio de Melchor Concha y Toro, entre otros, se crea la población León XIII para obreros “trabajadores y honrados”⁶.

En general, la recepción de Rerum novarum subrayó la ayuda en mercancía y la explicitación de los deberes entre patrones y obreros, por sobre el salario. Eso no significa que el salario no haya sido importante, sino que la discusión siguió otros caminos que no acentuaban necesariamente la autonomía de la persona y su familia por medio de un ingreso propio. El gran problema, legislado en los años treinta, era que el pago se realizara todavía en metálico, mientras la moneda perdía valor con la inflación. De hecho, el primer salario mínimo fue ofrecido a los trabajadores del salitre recién en 1934.

Salario y cultura

Las diferencias en la discusión en torno al salario reflejan distintas comprensiones del trabajo. Los debates de los sectores católicos en torno a la cuestión social parten de una lectura “antiindividualista” del trabajo, afirmada en la relación personal entre empleador y trabajador. En Australia, la idea católica de salario vital puede ser compartida por no católicos, al afirmar la autonomía personal y familiar. El horizonte cultural australiano valora el trabajo como marca de autonomía y de responsabilidad, lo que se expresa confiando en que el trabajador sabe cómo gastar y ahorrar sus ingresos. Al estar asociado primero a la formación de la persona, el valor del trabajo no es solo económico.

En Chile, en cambio, el salario es una continuación de una relación personal. Así quedó de manifiesto en la convención del Partido Conservador en 1921, donde se distingue entre un salario mínimo garantizado por ley “que sea suficiente para la subsistencia de un obrero frugal y de buenas costumbres” —usando el léxico de Rerum novarum— y un “salario mínimo familiar”. El primero está determinado por los indicadores económicos de cada industria, no puede ser mayor que la subsistencia del individuo para no acarrear la ruina económica de la empresa.

El segundo considera a la familia, pero no es materia de ley ni de intervención estatal: es parte de los deberes del patrón y se recomienda entregarlo en especies para permitir la subsistencia material y espiritual del trabajador y su familia, para ampliar la fraternidad entre obrero y patrón. La relación laboral se afirmaba en un contacto personal más estrecho, con circuitos de reciprocidad —ayudas y remuneraciones en especies o en dinero— que se entregaban con la expectativa de recibir la lealtad de los trabajadores⁷. Es lo que se conoce como paternalismo.

La tradición católica hoy

Es bueno recordar que la DSI, donde sobresale Rerum novarum, constituye un repositorio bastante rico que ofrece no solo estrategias para la superación de la vulnerabilidad, sino que también orienta sus fines. Lo hace hasta hoy. En tiempos y formas muy diferentes, Australia y Chile aterrizaron ese lenguaje para ofrecer medidas técnicas que dependieran de una lectura compleja del ser humano, de su familia y curso de vida, más que de un simple individuo preocupado por su subsistencia material.

En los últimos años, parte de los debates de política pública, en el contexto del coronavirus y la crisis social, han retomado una tradición que encuentra sus raíces en el catolicismo y que justifica, de un modo no económico, la necesidad de un ingreso monetario. Las discusiones en torno al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Ingreso Ético Familiar y distintas propuestas de Renta Básica Universal parecen incluso disociar la recompensa económica del trabajo mismo. Ello amplía el radio de reconocimiento a quienes realizan una contribución sin expresión monetaria, como ha sido el caso de las labores domésticas de cuidado.

Queda, sin embargo, una pregunta igualmente importante y es ¿hasta qué punto un ingreso disociado de la productividad del trabajo permite afirmar la propia autonomía? En Australia tuvo sentido postular el salario como forma de resolver conflictos, porque la contribución que garantizaba derechos sociales o ciudadanos se expresó por otros canales: impuestos generales al ingreso, participación en el ejército en dos guerras mundiales y el fomento de la afiliación a sindicatos y organizaciones. En Chile podemos observar la tensión entre la política pública como regalo —la búsqueda de una relación personal con el dador— y la necesidad de autonomía propia de una economía moderna en las mismas reacciones a la pandemia. El paternalismo de la entrega de cajas de alimentos, a veces interpretado como clientelismo, contrastó, por ejemplo, con el mayor aprecio que tuvo el IFE, consistente en una transferencia monetaria directa que confiaba en el uso que le podía dar la persona a ese ingreso. Lo primero puede crear lealtades políticas y orientar el consumo: el interventor empuja a consumir cierto tipo de alimentos tratando de evitar que el ingreso se gaste en alcohol o en un televisor nuevo. Lo segundo es más bien indiferente a las finalidades de la persona y su entorno familiar, porque confía en su autonomía.

No es de extrañar que la idea de un salario ético haya sido reflotada en Chile por actores católicos, como el obispo Goic, porque responde a una tradición que se puede actualizar para problemas emergentes. Recibir un ingreso sin necesariamente contribuir o rendir de cierta manera, encuentra su origen en la DSI y resuena en contextos contemporáneos. Sin embargo, en la modernidad, la autonomía sigue vinculada al esfuerzo, aunque no se exprese solo en el salario y tampoco esté asociada a necesidades “frugales”, sino a expectativas de consumo. La pregunta es si ese lenguaje religioso implícito en la cultura puede justificar herramientas para promover valores como la dignidad y la autonomía. Permite, además, preguntar por los conceptos morales que orientan la política social y motivan su cumplimiento.

Pese a que la Iglesia se siente extraña en un mundo que ella ayudó a crear, sus conceptos siguen movilizando la organización secular de la seguridad social. Para el juez Higgins, sin ser católico, el salario vital era parte del progreso civilizatorio que expresaba un cambio de valoración del trabajo humano. En medio de pandemias, desempleo y mayor robotización y automatización, hoy parece que enfrentamos un desafío similar.

1. Proyecto financiado por el XVI Concurso de Investigación y Creación para Académicos, organizado por la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Agradecemos el excelente trabajo de nuestras ayudantes María Bernardita Becker, Macarena de la Llera y Elena Urrejola.
2. Ex Parte H.V. McKay. Disponible en: https://www.aph.gov.au/binaries/library/intguide/law/harvester.pdf.
3. Blackburn, K., “The Living Wage in Australia: A Secularization of Catholic Ethics on Wages, 1891- 1907”, The Journal of Religious History 20(1), 1996, pp. 93-113.
4. McDaniel, D., “The Development of State Wage Regulation in Australia and New Zealand”, International Labour Review 10, 1924, pp. 605-29.
5. Misma idea en Pío XI, Quadragesimo anno de 1931.
6. Hanisch, W., La encíclica Rerum novarum y cuarenta años de influencia en Chile.
7. Cousiño, C., Razón y ofrenda: Ensayo en torno a los límites y perspectivas de la sociología en América Latina. Santiago: Cuadernos del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica, 1990. Rodríguez, D. y Ríos, R., “Paternalism at a Crossroads: Labour Relations in Chile in Transition”, Employee Relations 31(3), 2009, pp. 322-33.