El camino que recorre la víctima de agresión sexual puede ser largo, doloroso y muchas veces incomprendido. Nos es difícil entender que personas —a veces con las cuales convivimos— sean capaces de imponer su fuerza para satisfacer impulsos básicos, crueles y dañinos; doblegando otras veces con inteligencia y astucia la resistencia de las víctimas para abusar de ellas. Así como cuesta aceptar este hecho, también es tristemente frecuente que a las víctimas no se les crea o no se les tome en serio, y en forma tácita o silenciosa se les culpe, y al ser incapaces de reaccionar adecuadamente, se aumenta el daño a las víctimas.

El agresor, generalmente un hombre, se aprovecha de su mayor fuerza para provocar daño físico o intimidar y acceder al cuerpo del agredido/a, de la imposibilidad de la víctima para tomar sus propias decisiones y abusar de ella, ya sea que presente algún tipo de discapacidad o que esté bajo el efecto de alcohol o drogas. Cuando se trata de un niño, el panorama resulta desgarrador y más asimétrico: muchas veces es el mismo agresor quien lo quiere y lo cuida; por su corta edad es incapaz de distinguir entre el cuidado cariñoso y el abuso. Así, el agresor ejerce un sofisticado entramado de seducción, juegos y amenazas.
Los daños provocados en todas las víctimas —niños o adultos— van desde lesiones físicas hasta quiebres muy severos en la estructura psicológica y espiritual que, probablemente, sufran de por vida. ¿Qué pueden hacer las víctimas para defenderse y frenar las agresiones? Una mujer adulta, sana física y psicológicamente, y con red de apoyo adecuado; podría vencer el dolor, el pudor, el miedo a las consecuencias de la agresión, e intentar buscar ayuda. El menor deberá confiar en que alguien note algún cambio conductual que le permita sospechar lo que sucede o quizá expresar en su escaso lenguaje algo de la tragedia que vive. Todos ellos —especialmente niños, niñas y adolescentes—, deben luchar además para que se les aleje de su agresor, del cual muchas veces depende económicamente su familia.

Panorama a nivel nacional

La violencia sexual es considerada una vulneración grave a los derechos de las personas, constituyendo un problema de salud pública y de derechos humanos en Chile. Las consecuencias pueden manifestarse a corto, mediano y/o largo plazo y, con frecuencia, provocar un estigma en la víctima —ofendido por un delito y que haya sufrido daños como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal—.
“Victimización” es el proceso por el cual una persona sufre los efectos de un hecho traumático que puede conllevar consecuencias físicas, emocionales y sociales. La conmoción provocada por el hecho traumático puede provocar secuelas de tal gravedad que modifican y transforman la vida del agredido y de su familia, muchas veces, de manera irreversible.

La cruda revictimización

Se entiende por victimización secundaria o revictimización, la producida no como resultado directo del acto delictivo, sino por la respuesta inadecuada de las instituciones y personas individuales en relación con la víctima. ¿De qué forma respondemos como sociedad cuando el niño, niña o adolescente devela la situación que vive o ha sufrido? ¿Qué hacemos cuando una mujer víctima de una agresión sexual contacta a un servicio de urgencia?

En el área de la salud, habitualmente, no hay un lugar con la estructura física ni profesionales capacitados para responder. En los servicios de urgencia no hay un lugar adecuado ni acogedor donde alguien reciba y pueda contener y estabilizar emocionalmente al paciente. En el corto tiempo que se le brinda al abusado —por ser Urgencia—, apenas se la puede examinar, tratar sus lesiones físicas y prevenir las consecuencias o complicaciones de la agresión. Después es derivado rápidamente al Servicio Médico Legal (SML), donde debe hacer una denuncia para que, seguidamente, el fiscal ordene una pericia y a lo sumo la víctima acceda a unas pocas sesiones de terapia psicológica, otorgadas por los programas de atención a víctimas del Ministerio Público, Policía de Investigaciones (PDI) o Carabineros. Están obligados a contar una y otra vez su desgracia a familiares, personal auxiliar, policías, peritos, médicos, fiscales, psicólogos y jueces, reviviendo en cada una de las interacciones lo sucedido. Imaginemos lo mismo para niñas, niños y adolescentes.
Uno de los esfuerzos para evitar la revictimización es la Ley N° 21.057 (cuadro 1), que busca establecer una sola entrevista que sirva como guía para la investigación penal, evitando las múltiples declaraciones. Ese esfuerzo judicial debe ser reforzado por todas las instancias que participan en la atención. Por ello, urge que los servicios sanitarios se sumen también a ese objetivo, estableciendo programas de atención integral.
Es difícil determinar la prevalencia de delitos sexuales, pues solo se dispone registro de los que han sido denunciados, lo que no pasa con la mayoría de las agresiones sexuales. Según la cuenta pública de la Fiscalía Nacional, en 2018¹ se ingresaron en nuestro país 28.132 denuncias por delitos sexuales. De esta cifra, 82% de las víctimas eran mujeres y 74%, menores de edad. No todas las denuncias completan el proceso indicado: el mismo año, la Unidad de Sexología del SML atendió a 5.642 víctimas de agresión sexual (82,7% eran mujeres)².
La revictimización de violencia sexual es lo que nos ha impulsado a crear un centro de acogida integral, con calidez, tiempo, acompañamiento, actitud comprensiva y de escucha para el paciente, guiándolo en los pasos a seguir con total disposición de ayuda. 

Rol del SML

En 1953, comenzaron a desarrollarse peritajes sexológicos en el SML, implementando un sistema de atención a víctimas de agresión sexual. Es esta entidad la encargada de realizar la pericia sexológica en forma exclusiva, pero sin capacidad para ofrecer una ayuda completa a la víctima, por lo tanto, recibe la atención médica, psicológica y social en otros centros asistenciales de manera diferida, parcializada y retrasada. Se requieren variadas derivaciones para intentar reparar los daños y prevenir las consecuencias del ataque, y eso conlleva revictimización.. 

«La conmoción provocada por el hecho traumático puede provocar secuelas de tal gravedad que modifican y transforman la vida del agredido y de su familia, muchas veces, de manera irreversible».

Autoridades de la salud pública han realizado esfuerzos desde 2005 para implementar un programa de atención en los servicios de urgencias con salas de acogida en hospitales, sin embargo, por la falta de formación de expertos y por la sobrecarga asistencial de los profesionales, no ha resultado. Por otro lado, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, mediante la creación de una mesa intersectorial, trabaja para consolidar unidades clínico-forenses en distintos hospitales públicos, dotando de infraestructura al sistema y capacitando médicos como peritos forenses, proyecto que aún no se implementa por completo en todas las regiones.

El aporte de la UC

Recogiendo una inquietud del rector de la UC, y en concordancia con lo que solicita Juan Pablo II en Ex Corde Ecclesiae, “con el fin de garantizar que los nuevos descubrimientos sean usados para el auténtico bien de cada persona y del conjunto de la sociedad humana”³; nació el desafío que intentar mitigar el dolor de las víctimas y colaborar para que dejen de serlo. Y desde hace unos años se constituyó un grupo interdisciplinario de profesionales, sumando diversas voluntades con el objetivo de implementar un programa y capacitarnos en las dimensiones en las cuales no teníamos experiencia.
El objetivo del “Programa de acogida y atención a víctimas de agresión sexual”⁴ de la Red de Salud UC-Christus y del Departamento de Ginecología de la Facultad de Medicina, es brindar una atención integral que comprenda los aspectos médicos, psicológicos, legales, sociales, espirituales y forenses de la víctima, haciéndolo un proyecto pionero y único en Chile (ver flujograma).
Dado que los procedimientos establecidos en el SML están orientados a dar respuesta a los requerimientos del Poder Judicial, estos deben ser muy cuidadosos, para que la pericia tenga sentido y satisfaga las necesidades de los jueces en un proceso penal que tiene sus reglas establecidas. Sin embargo, estos procedimientos no consideran el resto de las atenciones y necesidades de los agredidos, y es de plena conciencia por parte de los profesionales que laboran en esa institución. En contraste, la atención integral que se quiere ofrecer con este programa debe ser capaz de lograr todos los objetivos, sin desfavorecer o perjudicar algunos aspectos por anteponer otros.
Una atención enfocada a establecer una adecuada relación médico-paciente, dirigiendo un interrogatorio y un examen clínico —como se hace en la práctica clínica— que busque elementos corporales, afectivos, subjetivos e íntimos del paciente; requiere intervenciones mucho más completas y profundas, amparadas además por la confidencialidad médica. Por otro lado, la rigurosidad, oportunidad y necesidad de comunicar los resultados de la pericia, puede interferir con los objetivos clínicos, psicológicos y espirituales. Otro desafío es equilibrar todas las necesidades y factores.

Trabajo en equipo

Gracias al trabajo interdisciplinario, este proyecto se puede realizar: Rectoría, Pastoral UC, Facultad de Medicina, Red de Salud, Facultad de Derecho y Centro UC de la Familia han impulsado, financiado, capacitado y organizado este programa. Existe un espacio físico para este quehacer en el hospital (ver imágenes del complejo de atención).
También hay organismos externos que brindaron su estímulo y capacitación, como el SML, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública, la Fundación Amparo y Justicia, y otras fundaciones de acompañamiento.
Finalmente, hay profesionales que participarán en el proyecto, quienes darán apoyo logístico desde la Gerencia de Misión y Responsabilidad Social de la Red UC-Christus, otorgando atenciones de salud mental, religiosas que apoyarán espiritualmente a las pacientes, enfermeras y matronas, médicos que atenderán a las víctimas y abogados de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho.
El propósito de este programa tiene en cuenta una jerarquía en sus metas. La contención emocional, brindar una adecuada acogida, otorgar una sensación de seguridad y evitar el riesgo físico; deben tener prioridad sobre el peritaje.

Es importante la parte judicial, pero es primordial la dignidad de la persona. Sin embargo, este procedimiento será realizado de manera que sirva perfectamente a los órganos que imparten justicia, pensando que un adecuado acceso a la justicia es parte importante del proceso de sanación.

TESTIMONIO DE MARÍA SANTIBÁÑEZ, ASESORA LEGAL DEL PROYECTO

Tomando en cuenta la realidad que existe en materia de violencia sexual en Chile, y lo que significa para las víctimas de estos delitos la ausencia de apoyo jurídico; asumimos representarlas desde el área penal de la Clínica Jurídica de la UC, a fin de que sus derechos sean debidamente resguardados en el proceso penal, instando por conseguir la mejor respuesta judicial posible en cada caso.
En este contexto, este programa constituye una excelente y esperanzadora noticia para las víctimas y todos los que trabajamos para y con ellas. Entre sus objetivos centrales está el brindarles una atención integral, acompañándolas en este duro trance y otorgándoles la posibilidad de que los exámenes físicos y sexológicos, naturalmente invasivos y complejos por la situación que las afecta, se realicen en un ambiente seguro, protegido y con profesionales de la más alta calidad. Este proyecto solo reafirma el gran compromiso social que tenemos quienes trabajamos en esta universidad, que tiene entre sus misiones servir a la sociedad desde la excelencia en todos los ámbitos.

1. Ministerio Público, Boletín estadístico anual 2019.
2. Servicio Médico Legal, Informe estadístico anual 2018.
3. Juan Pablo II, Ex Corde Ecclesiae 7, pág. 20.
4. Proyecto financiado por el XIV Concurso de Investigación y Creación para Académicos, organizado por la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana en conjunto con la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.