«Preguntas entre académicos»: Artículo basado en Cursos de Formación para Académicos Pastoral UC.
Las políticas públicas apuntan a resolver los problemas que aquejan a la población, especialmente a los más desfavorecidos. Sin embargo, no todos los sectores han visto satisfechas sus demandas. Una realidad país que requiere, además, de un sistema educativo comprometido con la sociedad civil. Dos expertos que fueron parte del curso «Persona, ética y actualidad» del programa de formación para académicos UC, semestralmente organizados por la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana, abordan estos temas.

A veces la urgencia de una solución pública provoca que esta no tome en cuenta determinados segmentos; ¿de qué manera pueden abordarse las rectificaciones necesarias para que las personas, marginadas de una solución, sean atendidas oportunamente y no resulten perjudicadas por largos períodos? ¹

Ignacio Irarrázabal El Estado se preocupa de los grandes problemas que aquejan a la sociedad o a grupos más significativos, y su accionar se orienta principalmente a dar soluciones más bien estandarizadas a dichas necesidades, intentando garantizar el acceso a bienes o servicios, por ejemplo, a través de políticas públicas concretas en materia de educación, salud, vivienda, etc. Es por esto que las necesidades más específicas asociadas a grupos particulares de la población son abordadas de manera menos prioritaria, pues al ser más complejas requieren de soluciones mayormente diferenciadas, que a la vez representan un mayor costo para el Estado en términos de recursos y eficiencia. Ello lleva a que muchas veces, dependiendo de su capacidad de presión, estos segmentos sean desatendidos o postergadas sus necesidades, en función de otras demandas más genéricas que se abordan de manera más urgente. Una forma de acoger estas demandas particulares es a través de políticas públicas locales que puedan concentrarse en las necesidades de las comunidades. Al respecto, el Teorema de la Descentralización (Oates, 1972) indica que la provisión de bienes públicos será más eficiente cuanto más se adecúen a las demandas territorialmente diferenciadas de dichos bienes. Por otra parte, la sociedad civil ha cumplido históricamente un rol importante en proveer bienes públicos, subsidiando o complementando el rol del Estado en atender ciertas demandas.

El Estado no ha avanzado lo suficiente como para poder abordar diversificadamente las soluciones que las personas requieren y está incorporando muy lentamente demandas más específicas. Parte de este proceso de modernización tiene que ver con considerar criterios más flexibles en las políticas estándar que permitan incorporar algunas excepcionalidades para asignar beneficios más oportunamente a personas marginadas de las políticas tradicionales. Algunos de estos conceptos se han planteado en iniciativas como el Ingreso Ético Familiar, que recién comienza su implementación.

¿Cómo podría el sistema educativo potenciar –en los futuros ciudadanos–capacidades que favorezcan una discusión argumentativa que permita la búsqueda de una cohesión social?²

Rodrigo Mardones Creo que el asunto debe abordarse desde varios ámbitos. Primero, es esencial que los instrumentos estatales que norman los contenidos de la educación –en Chile, las Bases Curriculares y los Objetivos de Aprendizaje– estén en sintonía con este propósito; es decir, que incluyan el respeto por la democracia, la inclusión política, la no violencia y la disminución de brechas socioeconómicas; todo lo cual propende a fortalecer la cohesión social de una comunidad política. Una cosa es lo que la normativa educacional del Estado establece y otra muy distinta es lo que enseñan los maestros en el aula y, todavía más, lo que finalmente aprenden los estudiantes. Un maestro no puede dar lo que no sabe o lo que no ha vivido. Por ello, resulta clave que instituciones formadoras de profesores–como nuestra Universidad– sean capaces de transmitir a los futuros profesores, tanto en términos de contenidos disciplinarios y didácticos, como en experiencias vitales el compromiso social y el ejercicio de una ciudadanía activa. 

Puede resultar sintomático, por ejemplo, que una proporción significativa de los futuros maestros no acudiese a las urnas en las próximas elecciones municipales de octubre. Ciertamente, la ciudadanía no se agota en el acto electoral. Por lo mismo, uno esperaría un alto nivel de compromiso de los futuros maestros con las demandas más sentidas de la sociedad civil chilena: la reforma de la educación, el reconocimiento de los pueblos indígenas, el respeto a la vida y la protección de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, etc., independiente de la variedad de posicionamientos políticos que este compromiso pueda generar. El explicarnos, el entregar argumentaciones y razones que justifiquen nuestro proceder, el dejarnos convencer mutuamente es algo que no se improvisa y que, por lo tanto, debiera practicarse tempranamente en la familia y en la escuela. Para una discusión argumentativa efectiva se requiere, además, información y habilidades. Pero la escuela debe ir más allá de la transmisión de la información relativa a contenidos de formación ciudadana y más allá de la adquisición de habilidades deliberativas; por ejemplo, a través de un concurso de debates. Debiera constituirse en un espacio libre de violencia física y psicológica en el que los niños y jóvenes viven cotidianamente la fraternidad, entendida como una actitud de apertura y empatía hacia las necesidades y los puntos de vista del otro y genuinamente abierta a la sociedad.

1. Pregunta de Erika Himmel, profesora de la Facultad de Educación UC / Magíster en Medición y Evaluación en Psicología y Educación, Universidad de Columbia.
2. Pregunta de Ana María Edwards, profesora de la Facultad de Química UC / Doctora en Ciencias Exactas con mención en Química, Pontificia Universidad Católica de Chile.