Pocos problemas pueden reclamar más urgencia que la falta de protección en que se encuentran actualmente gran parte de los adultos mayores en Chile. Pobreza, enfermedad y exclusión son algunas de las dificultades que afectan a este grupo de la población. Estas realidades transforman en una exigencia de la misericordia el desarrollo de políticas públicas orientadas a otorgar una mejora sustanciosa de las condiciones de aquellos que recorren las últimas etapas de la vida.

En Chile existen 550.000 adultos mayores en el 20% más pobre de la población¹, de los cuales 66.000 presentan alguna situación de dependencia severa. Sin embargo, la oferta residencial para ellos, en establecimientos de larga estadía del adulto mayor (ELEAM), es solo de 22.000 cupos y de es- tos más de la mitad son entregados no por el estado, sino por diversas ONG. Aunque desde 2011 a 2015 se han aumentado las plazas y avanzado en mecanismos de oferta, la enorme brecha continúa existiendo y muchos se encuentran en una situación grave de (des)protección social.

Es una realidad que la población chilena está envejeciendo. Se estima que para el año 2025 en Chile habrá 103 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, y que mientras hoy hay cinco personas económicamente activas por cada persona mayor, en ese entonces habrá solo tres.

Los adultos mayores no solo contarán con menos personas que puedan apoyarlos económicamente, sino que estas además tendrán que financiar períodos de jubilación cada vez más largos producto del aumento de la esperanza de vida. Los chilenos que en este momento tienen 60 años esperan vivir 23 años más, esto significa que las personas en edad de jubilarse hoy esperan vivir aproximadamente 6 años más que los que tenían su misma edad en 1970, tendencia que seguirá en aumento.

Frente a este escenario, abrir oportunidades de participación y seguridad económica para las personas mayores es un reto sustancial para las políticas de envejecimiento que a pesar de sus avances y esfuerzos se han vuelto insuficientes. Pero es también una oportunidad para que la sociedad reconozca en su sentido más hondo la forma en que trata a quienes están en la culminación de la vida. Surge así un desafío para aquel que quiere ayudar a otros: intentar comprender la complejidad de un fenómeno extremo como la vejez en situación de pobreza para colaborar en la elaboración de políticas públicas que procuren que los adultos mayores cuenten con una atención digna.

Este fue el tema de la investigación “Desafíos modernos del buen samaritano” llevada a cabo por las profesoras Teresa Matus y Fabiola Cortez-Monroy. Se propuso elaborar un mapa de evidencias sobre la situación actual de los ancianos en Chile, quienes son denominados “usuarios de alto costo”, para configurar una oferta acorde a su necesidad, puesto que contar con un diagnóstico de la complejidad médica y social, así como de las condiciones de la oferta de establecimientos de larga estadía, hace posible establecer propuestas de trabajo y sus aplicaciones al campo de las políticas y programas para personas mayores. El objetivo de este análisis fue aportar a la generación de incentivos y apoyos, en los que no solo se gaste más sino que se gaste bien.

Algunas cifras: necesidad de la población y servicios existentes

Fuente gráfico 1 y tabla 1: Información de Teresa Matus y Fabiola Cortez-Monroy a partir de Abusleme, M., González, F. Massad, C. Quinterios, C. (2014). Catastro de establecimientos de larga estadía para adultos mayores en Chile. Ministerio de Desarrollo Social, Semama.

Distintos factores hacen que la vejez sea heterogénea y segmentada: entre otras variables, hay que considerar el género, la zona geográfica, el tiempo y el espacio, nivel educacional y  salud. La diversidad de condiciones exige una correlativa atención de los servicios sociales y por ello la situación actual requiere observar las características de la oferta pública y privada existente.

La distribución de adultos mayores no es homogénea en el país. La mayor cantidad de adultos mayores (74,62%) se registra en las regiones de Valparaíso y Metropolitana según el Censo 2002, y junto con ello se concentra el 86,36% del total de 726 ELEAM del país². Por otro lado, son las regiones extremas las que cuentan con menor presencia de estos establecimientos: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama poseen solo un 2,61% y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y Antártica Chilena un 2,08% de ELEAM, a pesar de que en ellas habita el 7,78% de la población nacional de adultos mayores.

Es una condición mínima de una oferta de calidad, que satisfaga los índices de complejidad médico sociales, que existan centros de atención en una adecuada relación respecto del tamaño de la población que los requiere. Sin embargo, al analizar la distribución de ELEAM en el país se constata que no hay un equilibrio entre la oferta y la demanda de estos servicios.

Además de lo anterior, existe un contraste entre regiones “jóvenes” como Antofagasta, con 52 personas mayores de 60 años por cada 100 personas menores de 15 años, y Magallanes que tiene 106 adultos mayores por  cada 100 menores de 15 años y Valparaíso  97 mayores por cada 100 menores³. ¿Tiene una respuesta adecuada cada uno de estos contextos particulares?

A este panorama de diferencias determinadas por territorio se agrega que a medida que aumenta la complejidad de los factores médicos y sociales se hace mayor la brecha de recursos económicos y profesionales y de establecimientos especializados. En primer lugar, el gasto promedio de una residencia —aún sin considerar los gastos derivados de enfermedades crónicas ni distinguir los niveles de autovalencia— es cinco veces el valor de las pensiones básicas solidarias de vejez⁴.

La mayoría de los ELEAM, el 65,7%, tiene fines de lucro, mientras que el 31,7% pertenece a fundaciones o congregaciones religiosas sin fines de lucro, y solo el 2,6% son corporaciones de derecho público (ver gráfico 1). Además, se reconoce que del total de estos establecimientos el 50,41% alberga usuarios que pagan entre $225.000 y $600.000 (ver tabla 1), y cabe señalar que el rango de precios no aumenta en relación a la mayor oferta de servicios médicos o sociales, sino al lugar de emplazamiento y la oferta de tipos de habitación⁵. A la luz de estos datos se constata una fuerte exclusión a causa de las características de la oferta.

En segundo lugar, la disparidad se manifiesta en la exclusión por medio de los requisitos para ingresar solicitados a los adultos mayores por los ELEAM (ver gráfico 2), pues solo el 1,52% de ellos no establece criterios de selección. En cambio, el 79% exige que la persona posea un apoderado —alguien que actúe como “aval”, que pueda hacerse cargo de un aumento del costo de la estadía por alguna complicación o que pueda responder si el usuario debe salir del establecimiento por incumplimiento de algún requisito— y el 70% pide que se acredite su capacidad real de pago. Otros requisitos exigidos corresponden al estado de salud, por ejemplo, la ausencia de demencia u otra enfermedad mental indicada en más de la mitad de la oferta, y perfil de autovalencia⁶. Esto es especialmente preocupante al considerar la realidad respecto de la salud actual de los adultos mayores.

Los problemas de salud exigen respuesta

En Chile de cada diez personas mayores uno sufre diabetes, tres hipertensión arterial y la mayoría son sedentarios⁷. La combinación de enfermedades crónicas con factores de riesgo traerá en los próximos años un aumento de personas mayores con deterioro de su salud funcional que requerirán ayuda para actividades como caminar, sentarse o meterse a la cama. Actualmente, alrededor del 44% de la población que tiene 80 años o más tiene dificultades para hacer compras o ir al médico sin ayuda o compañía o para salir solo a la calle y aproximadamente un 8% tiene problemas para moverse dentro de su casa, bañarse, o comer solo⁸. Además, además en 2002 cerca del 22% de las personas mayores eran funcionalmente dependientes, es decir, que no podían resolver por sí mismos las restricciones que implica la discapacidad física o la interacción con el medioambiente, y se estima que esta cifra podría haber alcanzado ya un 30%.⁹ Un 12,7% de la población mayor a 60 años tiene problemas de mudez o dificultades de habla, un 8% tiene problemas psiquiátricos, un 4,4% dificul- tades mentales, el 2,9% presente sordera o dificultades severas de audición y un 1,5% es ciego o posee problemas para ver aun con lentes¹⁰: en todos estos casos se hace indispensable la asistencia.

Si el promedio de gasto en la oferta ya es bajo las necesidades de la demanda, en los casos en que se agudizan los requeri- mientos médicos o sociales, la oferta en relación a la complejidad es apenas del 25%: se cuenta con 1 y se requiere 4 veces esa cantidad para entregar un servicio de calidad que supere el umbral mínimo funcional. Lo que se observa es una mayor desprotección en situaciones en que la complejidad se hace alta y extrema.

El análisis de este conjunto de factores revela la urgencia con que debe ser tratado el tema de la vejez. La observación de otros aspectos como el perfil de los equipos profesionales que trabajan en los ELEAM también indica una discordancia respecto de la necesidad de sus usuarios. Resulta inminente responder a estos problemas impulsando la categoría de programas prioritarios orientados a la atención de casos de complejidad alta y extrema, que cuenten con un filtro analítico para tomar medidas específicas, ajustar costos, equipos y formas de aten- ción que puedan mejorar la calidad de la oferta de forma dirigida.

La directora del programa del adulto mayor UC, Macarena Rojas, afirma que la atención de la dependencia es un tema que está emergiendo con fuerza y urgencia en nuestro país. “Sin embargo—explica—, es muy necesario, no solo contar con ELEAM, sino con una serie de dispositivos sociales (políticas públicas) que permitan apoyar a las familias y a las propias personas mayores cuando se transita hacia la dependencia. Por ejemplo, con programas de apoyo y cuidados en el domicilio, teleasistencia, centros y hospitales de día, para llegar a una resi- dencia como último recurso”.

En conclusión, no hay que perder de vista que la cuestión no se trata de “usuarios de alto costo”, sino de personas que forman parte de nuestra sociedad y que, fundamentalmente, poseen la misma dignidad humana por la que defendemos la vida en sus primeras etapas. La importancia radical de este asunto no reside en que la población económicamente activa se verá cada vez más afectada por la carga que supone mantener a los jubilados. Por el contrario, aquellos que se encuentran en el estadio final de sus vidas no merecen descuido y olvido, sino un cuidado y protección especial que surjan de la caridad y misericordia que impone su condición al resto de la sociedad. ¿Estamos pasando de largo en el camino frente al que necesita ayuda?

1. Barros 2005, 2008; Villaltoro 2007, Arnold, 2009; Segunda encuesta Nacional Calidad de Vida en la Vejez 2010, Ministerio Desarrollo Social 2011.
2. Registrados por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).
3. INE 2007.
4. Las pensiones básicas solidarias corresponden a $89.764 desde el 1 de julio de 2015, según la información publicada en el sitio web del Ministerio del Trabajo y Previsión Social: http://www.ips. gob.cl/pensiones-y-tramites-96642/121-montos-de-pensiones-minimas-y-basicas-solidarias.
5. Catastro de Establecimientos de larga estadía para adultos mayores en Chile. Santiago: Ministerio de Desarrollo Social, SENAMA, 2012.
6. Ibíd.
7. Ibíd.
8. Gobierno de Chile (2011). CASEN 2011. Adulto Mayor. Recuperado de http://www.senama.cl/filesapp/RESULTADOS%20ADULTO%20MAYOR%20CASEN%202011.pdf
9. Catastro de Establecimientos de larga estadía para adultos mayores en Chile. Santiago: Ministerio de Desarrollo Social, SENAMA, 2012.
10. CASEN 2011. Gobierno de Chile (2011). CASEN 2011. Adulto Mayor. Recuperado de http://www.senama.cl/filesapp/RESULTADOS%20ADULTO%20MAYOR%20CASEN%202011.pdf