Para los hogares más vulnerables, la localización de su vivienda dejó de ser un asunto trivial. Hace un par de décadas, la implantación de la vivienda dentro de la ciudad constituía, en lo básico, un dato sin importancia. La prioridad para el Estado era la de proveer un techo a quienes no lo tenían. Hoy, en cambio, la localización ha ido tomando un peso cada vez mayor en las preferencias de los hogares más vulnerables.

Esta tendencia tiene una explicación bien clara. La localización dejó de ser un elemento neutro. Una mala ubicación, esto es, que la vivienda se encuentre lejos de los servicios de calidad, de las fuentes de empleo, de otros grupos sociales de más ingresos, no solo puede empeorar la realidad socioeconómica de un hogar, sino que puede afectar también su situación social. No solo disminuyen sus posibilidades de acceso a oportunidades, sino que aumenta la probabilidad de quedar insertos en una dinámica de pobreza urbana asociada a la violencia, al delito, al temor, entre otros. Esto explica el célebre título del libro Los con Techo, editado por Alfredo Rodríguez y Ana Sugranyez en 2005, donde se destacan los agudos problemas sociales que experimentan las familias que habitan en los grandes conjuntos de vivienda social construidos en la periferia de nuestras ciudades. Es por esta razón que la demanda se ha complejizado. Ya no basta el acceso a una vivienda formal, incluso en propiedad, sino que esta, para que verdaderamente constituya una fuente de bienestar y progreso para las familias, debe quedar emplazada en la red de oportunidades que la ciudad ofrece.

«Ya no basta el acceso a una vivienda (…) para que verdaderamente constituya una fuente de bienestar y progreso para las familias, debe quedar emplazada en la red de oportunidades que la ciudad ofrece».

Una vivienda que entrega a los hogares posibilidades de progreso y movilidad social es aquella que permite a sus integrantes acceso a oportunidades de trabajo, de salud, de educación, de recreación de mayor calidad y, muy importante, de interacción social con personas de distinta condición económica. Lamentablemente, en  nuestras  ciudades las oportunidades no se distribuyen equitativamente. Hay lugares en que la “geografía de oportunidad” se despliega en forma más densa y rica –en gran parte porque en ellos habitan las personas  de más ingresos– y otros que resultan ser la cara opuesta. La vivienda es, por cierto,   un patrimonio muy valorado por quienes acceden a ella, sin embargo rechazan la experiencia de gueto que ofrecen sus barrios. Por lo mismo, podemos anticipar que la demanda por acceso a sectores de la ciudad que sí generan oportunidades vaya creciendo. Poco a poco hemos ido transitando desde la noción de “derecho a la vivienda” a otra de “derecho a la ciudad”. Esta última parece ser una de las claves de la vida urbana para que un hogar vulnerable deje de serlo con el paso de los años. El desafío que ello significa para las políticas de vivienda y las políticas urbanas no es menor. La promoción inmobiliaria es una esfera de los negocios privados cuya importancia crece en las economías, y su forma de capitalización de ganancias radica precisamente en las rentas del suelo, dependientes en gran medida de los factores de localización de las actividades dentro de las ciudades. La tarea es, entonces, compleja: cómo mejorar la localización de la vivienda social en el marco del funcionamiento de mercados de suelo cada vez más dinámicos.