La Región de la Araucanía representa una parte fundamental de la historia de las relaciones interculturales en Chile. Esto se manifiesta en las dificultades del reconocimiento político de los pueblos indígenas, en particular del pueblo mapuche y de la convivencia intercultural. A su vez, estas relaciones se expresan en las representaciones, discursos y prácticas referidos al pueblo mapuche, que con diversos matices se construyen desde una perspectiva de valoración de su cultura y otra cercana a la «amenaza» vinculada a la presencia del «conflicto mapuche».
«Las políticas de reconocimiento han aportado una mayor valoración de la cultura indígena al visibilizar y focalizar recursos en diferentes ámbitos (…) se requiere avanzar en un reconocimiento político, que incorpore mecanismos de participación y consulta representativos de los diversos pueblos indígenas de Chile»
El contexto histórico permite comprender estas dificultades en el reconocimiento y convivencia intercultural en la Región de la Araucanía. Este espacio es parte central del territorio mapuche, que fue ocupado y controlado por el Estado chileno a fines del siglo XIX. A partir de entonces, las tierras se distribuyeron desigualmente entre el pueblo originario y colonos nacionales y extranjeros. En la actualidad, según los datos disponibles —y aún no ratificados del Censo de 2012—, el 31% de la población de la Araucanía es mapuche. A su vez, es la región más pobre del país. Según la encuesta CASEN 2009 la pobreza alcanzó el 27,1%, superando considerablemente el nivel nacional, que era de 15,1 %.
Ambos aspectos, la constitución de la propiedad y las condiciones socioeconómicas actuales, explican, en parte, los conflictos de tierras, recurrentes en los medios de comunicación. A partir de la promulgación de la ley indígena (Nº 19253) en el año 1993, se diseñan políticas diferenciadas para la población originaria que, como señala el filósofo canadiense Charles Taylor, buscan cambiar la situación de negación/exclusión de los individuos o grupos considerados distintos o subordinados de la sociedad. Estas políticas tienen relación dialógica con las «luchas por el reconocimiento» que forman parte de las demandas de los sectores excluidos.
De esta forma, las políticas de reconocimiento han aportado una mayor valoración de la cultura indígena al visibilizar y focalizar recursos en diferentes ámbitos como educación intercultural, salud intercultural y programas de desarrollo.
Sin embargo, estas no son suficientes y presentan diversas dificultades en su diseño e implementación. Junto a la necesidad de revisar este tipo de programas, se requiere avanzar en un reconocimiento político, que incorpore mecanismos de participación y consulta representativos de los diversos pueblos indígenas de Chile. Ello implica considerar además el contexto latinoamericano desde donde emergen demandas por derechos indígenas plenamente vigentes a partir de un marco jurídico internacional en el que destacan la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado en Chile el año 2008.
Por último, para profundizar en una convivencia intercultural más armoniosa también es necesario considerar el diseño de políticas interculturales para toda la población, no solo focalizadas en la población indígena, que fomenten la valoración y respeto de la diversidad cultural para todos. Aportar a este debate es un desafío para nuestra Universidad, hoy encabezado por el Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas–ICIIS, que busca contribuir con conocimiento, metodologías colaborativas y formación de nuevos investigadores para aportar a la convivencia intercultural.
