Estados Unidos es un país admirable en varias cosas: el nivel de excelencia de sus universidades, la participación que tiene la sociedad civil, la cantidad de gente que hace voluntariado, la cultura del reciclaje —acompañada de una no menor cultura de lo desechable— y la disciplina inculcada a los niños desde el jardín infantil. Son muchas las lecciones que podemos sacar de este país, en distintos ámbitos de la vida. Pero también tenemos bastante que aprender de los errores cometidos, como aquel que ha llevado a Estados Unidos a lo que comúnmente se ha denominado un encarcelamiento masivo (mass incarceration). Efectivamente, la población penal norteamericana ha aumentado en más de cinco veces desde 1970, llegando recientemente al punto en que uno de cada cien adultos está en prisión.
Sin duda el encarcelamiento como forma de castigo es necesario. Pero a la vez urge tomar en cuenta el alto costo que significa llevar a una persona a prisión, no solo en términos económicos.
En los últimos años investigadores norteamericanos han llamado la atención sobre lo que se conoce como los efectos colaterales del encarcelamiento: barreras en el acceso al mercado laboral, pérdida de derechos civiles, división de las familias, niños que crecen con ausencia parental, aumento en inequidad, debilitamiento de las comunidades. Solo para dar una idea, uno de cada cuatro niños de raza negra y uno de cada veinticinco niños de raza blanca, nacidos en 1990, ha tenido un padre en prisión. Y es justamente este costo el más difícil de medir, el que se relaciona con las consecuencias a largo plazo en un niño que ha experimentado el encarcelamiento de su padre o madre. Las mejores investigaciones que se han realizado a la fecha muestran que esta situación aumenta el riesgo de enfermedades mentales, abandono escolar e involucramiento delictual en los menores. Un flaco favor si estamos pensando en políticas para controlar el delito.
Sin embargo, la crisis económica y una disminución en las tasas de delitos desde los años noventa explican, en parte, cierto vuelco en la política norteamericana hacia un menor uso de la cárcel como medio de sanción. El foco hoy está puesto en la generación de políticas y programas adecuados que faciliten la reinserción de ese más de medio millón de norteamericanos que sale cada año de la cárcel, y en apostar por soluciones a largo plazo que enfrenten los problemas de fondo que muchas veces llevan a cometer delito, como son la salud mental y el consumo de drogas.
La sociedad chilena comparte con la norteamericana esta tendencia a un discurso de «tolerancia cero», en la que confluyen prácticamente todos los sectores políticos. Nuestra población penal también ha aumentado notablemente en las últimas décadas. Sin embargo, pareciera ser que la señal de alerta llegó antes a Chile. Al menos la ley de indulto general y la ley que establece medidas alternativas en 2012 son señales positivas de que no estamos esperando llegar a la relación de uno es a cien para tener políticas que efectivamente consideren en su enorme complejidad el problema del delito y de quienes lo cometen.
